En el marco de un juicio abreviado, la Justicia condenó al último miembro de una banda que se dedicaba a robar y vender camionetas de alta gama en Tucumán, Córdoba, el norte del país y Bolivia.

La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía de Robos y Hurtos III que dirige Carlos Picón. Según pudieron reconstruir, la banda actuó en la provincia de forma organizada entre junio y agosto de 2024. La actividad principal era la sustracción sistemática de camionetas Toyota Hilux dejadas en la vía pública.

“Se encargaban de burlar el sistema eléctrico del rodado, luego abrir las puertas, arrancar la camioneta y retirarse del lugar en pocos minutos, todo eso con un conocimiento técnico que les permitía evadir las alarmas y sistemas de seguridad. Una vez sustraídos los vehículos, eran trasladados a cocheras de domicilios particulares en zonas rurales. Entre sus miembros hacían contactos con personas de Córdoba y Bolivia para informarles de las camionetas con el fin de ser vendidas rápidamente”. Posteriormente comercializaban los vehículos en Tucumán, Córdoba, al norte del país y en Bolivia.

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“Hay imágenes de video donde se ve que están dentro de una camioneta Toyota Hilux portando un dispositivo de 7 pulgadas, donde se puede ver que hay varias marcas de automóviles. La persona que está manipulando ese dispositivo toca el icono de la marca Toyota y en menos de dos minutos el sistema lo va llevando a las páginas siguientes, hasta que finaliza generando sistema de llave, a lo que se le da “OK” y en instantes la camioneta arranca”, explicó el auxiliar de fiscal Pablo D’Andrea.

Condenan al jefe de una banda que robaba camionetas de alta gama en Tucumán

Durante el último años, el MPF logró la condena de Alan Daniel Ahumada (el jefe), Luis Exequiel Nieva, Leyla Denise Romano, Claudia Beatriz Otarola y Pablo Daniel Ahumada. Ayer celebraron un acuerdo de juicio abreviado con Juan José “Sotina” Lizondo (48), el sexto miembro del grupo. En dicho convenio, el imputado reconoció ser coautor de los delitos de miembro de una asociación ilícita, en concurso real con el delito de hurto agravado doblemente calificado por la sustracción de un vehículo dejado en la vía pública y por el empleo de llave falsa u otro instrumento semejante. Además acordó con las víctimas y el Ministerio Público Fiscal una condena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, y se comprometió en pagar un resarcimiento económico de $3 millones, que deberá ser dividido entre los cuatro damnificados.

“Es la última condena en el marco de este legajo. Queda pendiente la investigación en Córdoba, donde hay dos personas que tienen pedido de captura”, afirmó D’Andrea.